La reciente polémica en torno al uso de dinero en efectivo por parte de determinados dirigentes políticos ha reabierto el debate sobre la limitación de pagos en efectivo y el severo régimen sancionador que la acompaña. Mientras los ciudadanos y profesionales deben extremar el cuidado para no superar el umbral legal de 999,99 euros, parece que otros operan con una flexibilidad distinta.
En este contexto, nuestro Socio Director, José María Salcedo, abogado especialista en procedimiento tributario, ha publicado un artículo en Idealista en el que analiza las contradicciones entre la normativa y su aplicación práctica por parte de quienes la aprobaron.
Un límite de 1.000 euros y sanciones del 25 %
La Ley 7/2012 instauró esta restricción como una de las medidas estrella contra el fraude fiscal, limitando los pagos en efectivo a 2.500 euros por operación, umbral que la Ley 11/2021 redujo posteriormente a 1.000 euros.
Según indica José María Salcedo, “esta limitación se concibió como una herramienta de transparencia y control, pero el régimen sancionador previsto resulta claramente desproporcionado, imponiendo multas del 25 % sobre el importe total de la operación, con independencia de cuánto se haya excedido del límite”.
Además, recuerda que tanto quien paga como quien cobra responden solidariamente de la infracción, lo que otorga a la Administración Tributaria un amplio margen para sancionar indistintamente a cualquiera de las partes.
Una norma que fomenta la delación
Otro de los aspectos más controvertidos, según afirma Salcedo, es que la norma “fomenta la denuncia y la delación entre particulares, eximiendo de sanción a quien denuncie primero ante la Agencia Tributaria”.
De este modo, la ley no solo castiga el uso del efectivo por encima del límite, sino que incentiva a los ciudadanos a delatar a la otra parte interviniente para evitar la sanción, algo que —como señala nuestro Socio Director— “rompe la lógica de la confianza en las relaciones económicas y genera un clima de sospecha permanente”.
Cuando los políticos actúan al margen del límite
En su artículo, Salcedo recuerda que esta medida ha sido presentada durante años como símbolo de la lucha contra el fraude y la opacidad económica. Sin embargo, “hemos conocido recientemente que los propios impulsores de estas restricciones son quienes más las han vulnerado”, señala.
Se refiere al uso de billetes de 500, 200 y 100 euros —coloquialmente llamados “chistorras”, “soles” y “lechugas”— en transacciones internas de un partido político, pese a que la normativa impone a empresarios y profesionales una severa prohibición de superar el límite de pago en efectivo.
La impunidad normativa de los partidos políticos
El abogado explica que los partidos políticos quedan fuera del ámbito de aplicación de esta limitación, dado que no realizan actividad mercantil. No obstante, “resulta, cuando menos, preocupante que quienes impulsan normas tan rígidas operen con normalidad en un entorno donde circulan grandes cantidades de efectivo”, sostiene José María Salcedo.
Según advierte, la finalidad original de la ley era combatir el fraude y el blanqueo, por lo que “no puede justificarse que la excepción normativa sirva de escudo frente a la transparencia que se exige al resto de la sociedad”.
Un desequilibrio que agranda la brecha entre políticos y ciudadanos
El jurista concluye que esta doble vara de medir amplía la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Mientras cualquier profesional puede ser sancionado con dureza por un pago en efectivo superior a 999,99 €, los partidos políticos “siguen moviéndose con total impunidad, al margen de las reglas que ellos mismos impusieron”.
En palabras de Salcedo, “ya nadie espera una reacción honrosa como la de Edipo, que asumió su culpa y su castigo; hoy, la clase política parece convencida de que las normas no están hechas para todos por igual”.
Conclusión
La limitación de pagos en efectivo nació para garantizar la transparencia y luchar contra el fraude fiscal, pero la práctica demuestra que su aplicación no siempre es equitativa.
Una reflexión que, como señala José María Salcedo, “revela hasta qué punto la ley se ha convertido más en un instrumento de control ciudadano que en un verdadero freno al fraude estructural”.
