Guía revisada y actualizada en octubre de 2026 con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y del TEAC de 2025 y 2026.
Hacienda no dispone de un plazo ilimitado para regularizar la situación tributaria del contribuyente, tramitar el procedimiento y dictar resolución. Es la normativa de cada procedimiento (y, en su defecto, la Ley General Tributaria) la que fija el plazo para terminarlo. Se trata de una cuestión muy importante porque, como se verá, puede determinar la caducidad del procedimiento tributario.
Por ello interesa conocer la duración máxima de los procedimientos tributarios que inicia Hacienda y, sobre todo, las consecuencias de superarla. Es una cuestión vital a la hora de plantear una reclamación a Hacienda.
En esta guía se explica qué plazo tiene cada procedimiento, cómo se computa de verdad (desde cuándo, qué días se descuentan y cuándo se entiende notificada la resolución), qué ocurre cuando Hacienda se pasa del plazo y, sobre todo, en qué momento conviene alegar la caducidad para que la defensa sea eficaz. Todo ello con casos reales del despacho y con las novedades judiciales más recientes.
¿Qué son los procedimientos tributarios?
Cuando hablo de duración máxima de los procedimientos y de caducidad, me refiero a los procedimientos iniciados por la Administración tributaria. Cuando es el contribuyente quien inicia el procedimiento, por ejemplo para solicitar la rectificación de su autoliquidación o la devolución de ingresos indebidos, la consecuencia de superar la duración máxima no es la caducidad, sino únicamente el silencio administrativo.
Así, si un contribuyente solicita a Hacienda una devolución de ingresos indebidos y esta tarda más de seis meses en responder (plazo máximo de duración del procedimiento), la única consecuencia es que el contribuyente podrá entender desestimada su solicitud y recurrir esa desestimación. Lo mismo sucede cuando un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa no se resuelve en plazo: un mes en el recurso de reposición (art. 225.4 LGT), seis meses en el procedimiento económico-administrativo abreviado (art. 247.2 LGT) y un año en el general (art. 240.1 LGT).
Tipos de procedimientos (gestión, inspección)
Los principales procedimientos afectados por la duración máxima son los de gestión y los de inspección. La distinción alude al órgano que los tramita (órganos de gestión u órganos de inspección).
Corresponde a los órganos de gestión iniciar los procedimientos de verificación de datos, de comprobación limitada o de comprobación de valores. Los órganos de inspección pueden iniciar también estos procedimientos y, además, el de comprobación e investigación, exclusivo de ellos.
Existen además procedimientos de recaudación, que inician los órganos de recaudación. El ejemplo paradigmático es el procedimiento de declaración de responsabilidad tributaria, también sometido a un plazo máximo de duración. A todos ellos se suma el procedimiento sancionador, que pueden iniciar los órganos de gestión o de inspección.
¿Cuándo se inicia un procedimiento?
Todos estos procedimientos se inician por la Administración mediante la notificación de un requerimiento o, cuando no es preciso recabar información, directamente mediante una propuesta de resolución o de liquidación.
Lo que sí está claro es que la notificación del acuerdo de inicio marca también el inicio del cómputo de su duración máxima (art. 104.1.a) LGT). Esa es la fecha que habrá que tener en cuenta cuando se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, para saber si se ha excedido o no su duración máxima.
Cuidado: el inicio real puede ser anterior al formal
La fecha del acuerdo de inicio no siempre es la fecha real de inicio. El Tribunal Supremo ha declarado que, cuando la Administración solicita un dictamen de peritos para verificar el valor de un bien, ya ha iniciado el procedimiento de comprobación de valores. En palabras de la STS 363/2024, de 1 de marzo (rec. 7146/2022): «desde que solicita un dictamen de peritos para verificar el valor del bien, la Administración ha iniciado un procedimiento de comprobación de valores, y en ese momento se deberá notificar la incoación al interesado». Ya expliqué el alcance de esta doctrina al comentar la duración excesiva de las comprobaciones de valores.
Los tribunales la están aplicando con contundencia. La STSJ de Castilla-La Mancha 469/2025, de 1 de diciembre (rec. 79/2022) declaró caducada una comprobación limitada. La Administración situaba su inicio en la notificación de la propuesta de liquidación (2-2-2018), pero los dictámenes de valoración se habían recibido el 1-8-2016 y la liquidación no se notificó hasta el 19-7-2018. Y en un caso del despacho, el TSJ de Andalucía aplicó el mismo criterio a una comprobación limitada con actuaciones de comprobación de valores: computado desde la solicitud de la valoración, el procedimiento había durado casi doce meses.
Conviene saber, no obstante, que el Supremo admitió a trámite en 2025 un nuevo recurso de casación (ATS de 16-7-2025, rec. 5130/2024) para precisar si las actuaciones previas de valoración con medios propios inician el procedimiento o son simples actos preparatorios. Mientras no haya sentencia, la doctrina de la STS 363/2024 es la referencia.
«La superación de la duración máxima del procedimiento no tiene consecuencias negativas para el contribuyente. Por el contrario, abre un abanico de posibilidades para aprovechar el error de la Administración que, bien utilizadas, pueden suponer la anulación del acto administrativo dictado y la declaración de prescripción del derecho a dictar liquidación.»
¿Cuánto tiempo tiene Hacienda para resolver mi caso?
Dispone el artículo 104.1 de la Ley General Tributaria que «El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.»
Por tanto, el plazo máximo para resolver los procedimientos es de seis meses, salvo que una norma con rango de ley prevea otro distinto. Y si la normativa del procedimiento no fija un plazo concreto, también se aplica el de seis meses.
En cuanto al final del cómputo, no se atiende ni a la fecha en que Hacienda dictó la resolución ni a la de su notificación efectiva, sino a la del primer intento válido de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución (art. 104.2 LGT). Por tanto, para dar por finalizado el procedimiento a efectos de su duración máxima no es necesario que el contribuyente haya recibido la resolución: basta el mero intento válido de notificación, aunque resulte infructuoso.
En el caso de las notificaciones electrónicas hay que matizar lo que se decía en la versión anterior de esta guía. El art. 104.2 LGT solo permite cerrar el cómputo con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada (DEH) cuando se trata de «sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos». Si el contribuyente no está en ninguna de esas situaciones, el depósito en la sede electrónica no sirve para cerrar el plazo, como se explica más adelante.
No obstante, también es posible defender que hacen falta dos intentos de notificación, y no uno solo, para dar por finalizado el cómputo del plazo de duración del procedimiento. Ello, con una interpretación normativa y no estrictamente literal de la norma. Así lo defiende Diego Gómez Fernández en este artículo de su blog «Es de Justicia».
Novedad: el Supremo decidirá si basta un intento o hacen falta dos. El ATS de 30 de septiembre de 2026 (rec. 407/2026) ha admitido un recurso de casación para precisar si, para entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo (art. 104.2 LGT), basta un primer intento de notificación o es necesario un segundo intento que cumpla los requisitos del art. 42.2 de la Ley 39/2015. También tendrá que decidir si eso mismo se aplica para computar la dilación del art. 104.e) RGAT (retraso en la notificación de la propuesta). El caso es una comprobación limitada del IRPF en la que la liquidación se intentó notificar una sola vez dentro del plazo, con resultado «ausente», y no consta un segundo intento en los tres días siguientes. Hasta que se dicte sentencia, en todo recurso en el que la Administración se apoye en un único intento conviene plantear este argumento y pedir, en su caso, la suspensión del pleito por la casación pendiente (art. 56.5 LJCA).
Plazo máximo en procedimientos de gestión
Por regla general, los procedimientos de gestión más utilizados (comprobación limitada, comprobación de valores, verificación de datos) tienen una duración máxima de seis meses.
Esa es la duración que habrá que tener en cuenta para determinar si se ha superado y si pueden producirse las consecuencias a las que luego se hará referencia.
Hay procedimientos de gestión con un plazo más corto. Por ejemplo, el procedimiento de control de presentación de autoliquidaciones (art. 153 RGAT) termina por caducidad «una vez transcurrido el plazo de tres meses sin haberse notificado resolución expresa» (art. 153.6.d RGAT). Y su caducidad también ha de declararse expresamente (STS 1348/2025, de 23 de octubre, rec. 8294/2023).
Plazo máximo en procedimientos de inspección
En los procedimientos de inspección (procedimiento de comprobación e investigación), el artículo 150.1 de la Ley General Tributaria establece un plazo máximo de dieciocho meses.
Ese plazo es de 27 meses «cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobación: 1.º Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas. 2.º Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora.»
Desde el 22 de diciembre de 2024, la Ley 7/2024 añadió un tercer supuesto: «3.º Que el objeto del procedimiento sea la comprobación o investigación del Impuesto Complementario.» Además, en la comunicación de inicio la Inspección debe informar del plazo aplicable (art. 150.2 LGT).
Hay otra diferencia esencial con los procedimientos de gestión que conviene tener muy presente: en inspección no se descuentan dilaciones ni periodos de interrupción justificada. El art. 150.2 LGT dispone expresamente que «A efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 104 de esta Ley respecto de los periodos de interrupción justificada ni de las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración.» En su lugar, el plazo inspector solo puede suspenderse por las causas tasadas del art. 150.3 (remisión al Ministerio Fiscal, conflictos ante juntas arbitrales, fuerza mayor, entre otras) o extenderse en los casos del art. 150.4 (periodos de no actuación solicitados por el contribuyente, hasta 60 días naturales) y del art. 150.5 (aportación tardía de documentación tras el tercer requerimiento, o en estimación indirecta).
La diferencia de duración es notable y se justifica por la mayor profundidad y alcance del procedimiento de inspección respecto de los que siguen los órganos de gestión.
Plazo máximo en otros procedimientos tributarios
En el procedimiento de declaración de responsabilidad y en el procedimiento sancionador el plazo es también de seis meses, pero no por falta de previsión específica, como se decía en la versión anterior de esta guía, sino porque así lo establecen expresamente el art. 124.1 del Reglamento General de Recaudación («El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de seis meses») y el art. 211.2 LGT para el sancionador, contado desde la notificación de la comunicación de inicio. En el sancionador se aplican también las reglas del art. 104.2 sobre el intento de notificación.
En definitiva, para revisar si Hacienda ha prolongado sus actuaciones por encima de la duración máxima permitida, es importante verificar en primer lugar cuál es el plazo máximo para resolver cada procedimiento.
Cómo se computa el plazo: dilaciones, interrupciones, agosto y festivos
Dilaciones y periodos de interrupción justificada (gestión, sancionador y responsabilidad)
El último párrafo del art. 104.2 LGT permite excluir del cómputo tres tipos de periodos: los de interrupción justificada que fije el reglamento, las dilaciones por causa no imputable a la Administración y los periodos de suspensión previstos en la ley. Su desarrollo está en los arts. 102 a 104 del Reglamento General de Gestión e Inspección (RGAT, RD 1065/2007):
Periodos de interrupción justificada (art. 103 RGAT): entre otros, la petición de datos, informes o valoraciones a otros órganos o Administraciones, con un máximo de seis meses en conjunto (doce si se piden a otro Estado); la remisión del expediente al Ministerio Fiscal; las actuaciones penales de las que dependa la liquidación, o la fuerza mayor. Fue el caso del estado de alarma de 2020, cuyos días se descontaron en asuntos como los de la STSJ de Andalucía 764/2026 o del ATS de 30-9-2026.
Dilaciones no imputables a la Administración (art. 104 RGAT): el retraso en atender requerimientos o comparecencias, desde el día siguiente al fin del plazo concedido hasta el íntegro cumplimiento; la aportación de documentos después del trámite de audiencia; la concesión de ampliaciones de plazo pedidas por el contribuyente; el retraso en la notificación de las propuestas de resolución o liquidación desde el primer intento (letra e), y el retraso derivado de los «días de cortesía» de la DEH (letra h), entre otras.
Cómo se cuentan: por días naturales (art. 102.5 RGAT). Deben documentarse adecuadamente en el expediente (art. 102.4), y el contribuyente tiene derecho a conocer, si lo pide expresamente, el estado del cómputo, con las fechas de inicio y fin de cada periodo (art. 102.6).
Las dilaciones son el terreno donde más se gana o se pierde una caducidad, y los tribunales exigen a la Administración rigor en su imputación:
La dilación debe motivarse y tener incidencia real. En un caso del despacho, el TSJ de Baleares (STSJ 11/2026, de 14 de enero, rec. 409/2022) rechazó una dilación de 71 días cuya única justificación era la «delicada situación» personal de la contribuyente, enferma grave, sin explicar qué consecuencias tuvo ese retraso en la tramitación. Sin esos días, el procedimiento había caducado. El caso está explicado en Hacienda no puede alargar un procedimiento por la enfermedad grave del contribuyente.
No caben dilaciones abiertas sin fecha de cierre. El TEAC (resolución de 22-4-2025, RG 6211/2021, que reitera la RG 944/2011) recuerda que la Administración no puede dejar abierta una dilación de forma indefinida, porque los procedimientos no tendrían fecha de finalización y no caducarían ni prescribirían nunca.
El tiempo que tarda el contribuyente en abrir una notificación electrónica no es dilación. Según el TEAC (resolución de 18-6-2026, RG 9991/2023, criterio todavía no reiterado), el tiempo que media entre la puesta a disposición electrónica de una propuesta de liquidación y el acceso a ella, o su rechazo por el transcurso de diez días, no constituye dilación no imputable a la Administración.
Pendiente en el Supremo: el ATS de 18-3-2026 (rec. 2437/2025) ha admitido un recurso para determinar si, en el cómputo del plazo de un procedimiento inspector (arts. 104 y 150 LGT, en su redacción anterior a la Ley 34/2015), la incomparecencia o la falta de aportación en plazo de la documentación generan por sí solas una dilación hasta la aportación efectiva, o si es necesaria una actuación posterior de la Administración que deje constancia de la incidencia.
Consejo práctico: si se necesita más tiempo para atender un requerimiento, conviene valorar antes si compensa pedir una ampliación, porque el tiempo ampliado se considera dilación imputable al contribuyente (art. 104.c RGAT). A veces es preferible aportar en plazo lo esencial. Sobre esta cuestión puede consultarse el artículo sobre los plazos para contestar requerimientos de la AEAT.
¿Cuenta agosto? ¿Y los fines de semana y festivos?
El plazo máximo de duración se fija en meses y se computa de fecha a fecha (art. 30.4 de la Ley 39/2015). Agosto es inhábil para los plazos judiciales (art. 128.2 LJCA), pero no para los procedimientos tributarios: los seis meses de una comprobación limitada corren igual en agosto que en cualquier otro mes. Lo expliqué con detalle al comentar el cómputo de plazos en agosto frente a Hacienda. Por tanto, quien recibe una propuesta de liquidación el 1 de agosto no gana tiempo y Hacienda tampoco lo pierde.
Otra cosa son los «días de cortesía» que pueden señalar quienes reciben notificaciones en la DEH (hasta 30 días al año). El retraso en la notificación que provocan se considera dilación no imputable a la Administración (art. 104.h RGAT; TEAC, resolución de 21-7-2020, RG 1510/2018, doctrina reiterada). Para los efectos de abrir una notificación en sábado, domingo o festivo, pueden consultarse los artículos sobre la notificación electrónica abierta en fin de semana o festivo y sobre el peligro de abrir notificaciones electrónicas en fines de semana y festivos.
El intento de notificación: la pieza que decide muchas caducidades
Como el plazo se cierra con el primer intento válido de notificación, buena parte de la batalla se libra en el acuse de recibo. No todo intento sirve:
1. Debe ser un intento válido y coherente. El TEAC fijó en unificación de criterio (resolución de 2-7-2015, RG 4744/2015) que ha de tratarse de un intento válido que contenga el texto íntegro de la resolución. En un asunto del despacho, el TEAR de Madrid negó eficacia a dos intentos incoherentes (el primero «ausente» y el siguiente «desconocido», en el mismo domicilio) y declaró la caducidad y la prescripción: intentos de notificación defectuosos no evitan la caducidad.
2. El acuse debe identificar el acto. El Tribunal Supremo exige que la documentación del intento refleje, además del número de expediente, la fecha, la identidad y el contenido del acto que se pretende notificar. Un acuse con solo el número de expediente no basta, y el intento que no cumple esos requisitos no permite entender cumplida la obligación de resolver y notificar en plazo (STS 1221/2025, de 1 de octubre, rec. 926/2024, reiterada por la STS 566/2026, de 6 de mayo, rec. 1010/2024, que apreció la caducidad del procedimiento). Ambas sentencias se dictaron en procedimientos sancionadores regidos por la Ley 39/2015, pero su razonamiento es perfectamente invocable en materia tributaria, como se explica en el artículo el Supremo exige que los intentos de notificación identifiquen el acto.
3. Debe practicarse en un lugar válido. Son válidos los intentos practicados en cualquiera de los lugares del art. 110.2 LGT (TEAC, unificación de criterio, resolución de 2-6-2015, RG 1788/2014), pero hay que revisar si existía otro domicilio conocido o designado. Sobre ello: notificación defectuosa por existir otro domicilio conocido por la Administración y Hacienda debe notificar en el domicilio designado por el contribuyente.
4. La puesta a disposición electrónica solo vale para quien está obligado o se ha acogido voluntariamente. En un caso del despacho, el TSJ de la Comunidad Valenciana (STSJ 738/2025, de 15 de octubre, rec. 622/2024) negó eficacia al depósito de la liquidación en la sede electrónica de una persona física no obligada que había elegido expresamente comunicarse por medios no electrónicos. También rechazó un intento postal con resultado «desconocido» en el mismo domicilio donde después se le notificó. El procedimiento había caducado. Puede leerse en ¿Es válido el intento de notificación electrónica a quien recibe en papel?. El TEAC ha asumido este criterio (resolución de 23-6-2026, RG 2426/2023, criterio todavía no reiterado). Para más supuestos, véase 5 supuestos en que los tribunales anulan notificaciones electrónicas.
Una advertencia importante: los defectos del intento se convalidan si el contribuyente llega a conocer el acto dentro del plazo, por ejemplo accediendo a la notificación electrónica. Antes de abrir una notificación cuando el plazo de seis meses está a punto de vencer, conviene consultar con el asesor.
¿Qué pasa si Hacienda se pasa del plazo?
Las consecuencias de la duración excesiva de un procedimiento son distintas según se trate de un procedimiento de gestión o de declaración de responsabilidad, o del procedimiento de comprobación e investigación.
El procedimiento sancionador tiene también sus propias particularidades en cuanto a la duración máxima, que conviene analizar.
Consecuencias para el contribuyente
La superación de la duración máxima del procedimiento no tiene consecuencias negativas para el contribuyente. Al contrario, abre un abanico de posibilidades para aprovechar el error de la Administración que, bien utilizadas, pueden suponer la anulación del acto administrativo dictado y la declaración de prescripción del derecho a dictar liquidación.
Consecuencias para la Administración
Las verdaderas consecuencias de superar la duración máxima de un procedimiento tributario las sufre la Administración, siempre que el contribuyente esté bien asesorado por un profesional especializado en procedimientos tributarios y pueda utilizar a su favor el error procesal de la Administración.
Hay que distinguir, eso sí, entre los procedimientos de gestión o de declaración de responsabilidad, el procedimiento sancionador y el de inspección.
Consecuencias en los procedimientos de gestión tributaria: caducidad del procedimiento tributario
En los procedimientos de gestión, superar la duración máxima supone la caducidad del procedimiento tributario y su archivo, con la consecuencia de que nada de lo actuado ha interrumpido la prescripción (ni siquiera los recursos del contribuyente para lograr que se declare la caducidad). Es como si Hacienda nunca hubiera iniciado la comprobación.
Así lo dice el art. 104.5 LGT: la caducidad «no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley». Este último inciso tiene una consecuencia práctica relevante: si el contribuyente regulariza voluntariamente después de un procedimiento caducado, se aplican los recargos por declaración extemporánea y no las sanciones, porque el procedimiento caducado no cuenta como requerimiento previo.
Lo que no se pierde: los documentos. El mismo art. 104.5 añade que las actuaciones realizadas y «los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad». Por eso, si Hacienda está a tiempo, iniciará un nuevo procedimiento y podrá apoyarse en lo que ya obtuvo. La caducidad solo es definitiva cuando va acompañada de la prescripción.
La caducidad debe declararse expresamente, y si no se declara, el nuevo procedimiento es inválido. El Tribunal Supremo ha reforzado esta garantía en 2025 y 2026:
La STS 765/2025, de 16 de junio (rec. 688/2022) ratifica que la caducidad del procedimiento de gestión «ha de ser declarada obligatoriamente, sin que exista una pretendida facultad administrativa de no declararla», y que la falta de declaración expresa de caducidad de una comprobación limitada «determina la invalidez del inicio de un ulterior procedimiento de inspección» sobre el mismo concepto y periodo.
La STS 1348/2025, de 23 de octubre (rec. 8294/2023) extiende esa doctrina al procedimiento de control de presentación de autoliquidaciones: si no se declara su caducidad, es inválida la comprobación limitada posterior y lo son los actos dictados en ella. El TEAC ya la aplica (resolución de 19-2-2026, RG 5674/2022, que reitera las de 25-11-2025 y 19-2-2026).
La STS 590/2026, de 12 de mayo (rec. 6325/2024) ratifica la obligación de declarar la caducidad, aunque precisa que, pese a ello, la prescripción puede interrumpirse después por otras vías autónomas, como la remisión del tanto de culpa al Ministerio Fiscal.
Por tanto, ante un segundo procedimiento sobre el mismo impuesto y periodo, la primera comprobación debe ser: ¿se declaró expresamente la caducidad del primero? Si no se declaró, existe un motivo de anulación muy sólido.
«Las verdaderas consecuencias de superar la duración máxima de un procedimiento tributario las sufre la Administración, siempre que el contribuyente esté bien asesorado por un profesional especializado en procedimientos tributarios y pueda utilizar a su favor el error procesal de la Administración.»
La caducidad del procedimiento tributario debería declararla Hacienda, pero si no lo hace puede alegarla el contribuyente en su recurso. En ese caso conviene retrasar la alegación todo lo posible, para que, cuando se reconozca la caducidad, a Hacienda ya no le quede plazo de prescripción para volver a iniciar el procedimiento.
Y es que no tiene sentido alegar la caducidad en un recurso de reposición para que se reconozca y, acto seguido, encontrarse con el reinicio de la comprobación. Por ello, en este «caso de éxito» ya me referí a la importancia de retrasar la alegación de caducidad del procedimiento tributario.
¿Se puede alegar la caducidad por primera vez ante el juez?
Sí. El art. 56.1 LJCA permite alegar en la demanda «cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración». Alegar la caducidad en vía judicial no cambia la pretensión (que sigue siendo la anulación de la liquidación): solo añade un motivo nuevo. Así lo entendió en 2023 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Valencia en un asunto del despacho, explicado en la caducidad del procedimiento tributario puede alegarse directamente en la vía judicial.
Este criterio se ha consolidado en los tribunales superiores:
La STSJ de Andalucía (Granada) 764/2026, de 26 de marzo (rec. 46/2022) rechazó la desviación procesal opuesta por la Abogacía del Estado frente a una caducidad invocada por primera vez en la demanda y anuló la liquidación de IVA. El procedimiento duró 272 días; aun descontando los 88 días que la propia liquidación excluía (estado de alarma y ampliaciones de plazo), el plazo había vencido seis días antes de la notificación. Además, impuso las costas a la Administración.
La STSJ de Castilla-La Mancha 469/2025, de 1 de diciembre (rec. 79/2022) llegó a la misma conclusión y recordó que la caducidad de los procedimientos de gravamen es una cuestión de orden público que puede apreciarse incluso de oficio.
Esta es, precisamente, la base de la estrategia que se explica en esta guía: impugnar la liquidación por otros motivos en vía administrativa y económico-administrativa, y reservar la caducidad para la demanda, cuando ya haya transcurrido el plazo de prescripción.
Consecuencias en el procedimiento de declaración de responsabilidad
La superación de la duración máxima tiene las mismas consecuencias en los procedimientos de declaración de responsabilidad. Todo lo que se acaba de explicar vale también para este procedimiento.
Conviene saber que las dilaciones e interrupciones justificadas producidas en el procedimiento seguido frente al deudor principal se trasladan al de responsabilidad cuando coinciden en el tiempo (art. 102.3 RGAT). Para profundizar, puede consultarse la página sobre declaración de responsabilidad.
Consecuencias en el procedimiento sancionador
En el procedimiento sancionador, la superación de la duración máxima supone también la caducidad del procedimiento y su archivo. La principal diferencia con los procedimientos de gestión y de declaración de responsabilidad es que la Administración tributaria ya no podrá iniciar de nuevo el procedimiento sancionador.
Así lo prevé expresamente el artículo 211.4 de la Ley General Tributaria: «La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.»
Por tanto, en este caso la caducidad del procedimiento sancionador sí puede alegarse desde el primer momento, porque no hay riesgo de que el procedimiento vuelva a iniciarse.
Consecuencias en el procedimiento de inspección
En el procedimiento de inspección, superar la duración máxima de dieciocho (o veintisiete) meses no supone la caducidad del procedimiento ni su archivo. Sin embargo, nada de lo actuado hasta esa fecha habrá interrumpido la prescripción.
En este caso, la prescripción se entenderá interrumpida por la realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del referido plazo de duración máxima. Y el obligado tributario tiene derecho a ser informado de los conceptos y periodos a los que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse a partir de ese momento.
El art. 150.6 LGT añade otros dos efectos que la versión anterior de esta guía no mencionaba y que pueden tener mucho valor económico:
Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación posterior al incumplimiento del plazo, imputados por el contribuyente al tributo y periodo comprobados, se consideran espontáneos a efectos del art. 27 LGT. Por tanto, procede el recargo y no la sanción.
No se exigen intereses de demora desde que se incumple el plazo hasta la finalización del procedimiento.
Además, el TEAC ha precisado en 2025 y 2026 que la Inspección no puede ahorrarse el análisis de las alegaciones presentadas en plazo tras la firma del acta, aunque valorarlas suponga superar el plazo de duración y provoque la prescripción (resoluciones de 25-11-2025, RG 1904/2022, y de 23-6-2026, RG 5800/2023). Para la defensa en estos procedimientos, véase la página sobre inspecciones y comprobaciones de la Agencia Tributaria.
Retroacción de actuaciones: el plazo vuelve a contar
Cuando un tribunal económico-administrativo o un juzgado anula una liquidación por un defecto formal que causó indefensión, puede ordenar la retroacción de actuaciones (art. 239.3 LGT). La Administración no inicia entonces un procedimiento nuevo, sino que vuelve atrás en el mismo procedimiento para subsanar el defecto. Por eso el plazo máximo sigue siendo relevante.
En inspección, el art. 150.7 LGT fija que las actuaciones deberán finalizar en el periodo que reste hasta completar el plazo del apartado 1 o en seis meses, si este último fuera superior, a contar desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar. En un caso del despacho, el TSJ de la Comunidad Valenciana (STSJ 768/2023, de 13 de julio, rec. 885/2022) anuló la nueva liquidación, notificada casi siete meses después de que la Administración recibiera la sentencia, y declaró prescrito el derecho a liquidar: el TSJ de Valencia anula una liquidación por haberse superado el plazo máximo tras la retroacción.
Los retrasos deliberados en remitir el expediente cuentan contra la Administración. La STS 458/2024, de 14 de marzo (rec. 3050/2022) consideró dilación imputable a la Administración el desfase injustificado de tres meses entre la notificación de la resolución económico-administrativa al contribuyente y su remisión al órgano ejecutor. Al sumar esos 92 días, el plazo de seis meses se había superado y el derecho a liquidar había prescrito. El Supremo ha admitido en 2026 nuevos recursos para precisar esta cuestión cuando el órgano gestor es una Administración autonómica (ATS de 8-7-2026, rec. 6654/2025, y ATS de 23-9-2026, rec. 6824/2025).
Si la retroacción la acuerda un recurso de reposición, el plazo especial de seis meses del art. 150.7 no se aplica: la Administración solo dispone del tiempo que quedaba del procedimiento original (TEAC, resolución de 28-4-2026, RG 959/2025, criterio todavía no reiterado).
En gestión, el procedimiento retrotraído sigue siendo uno solo. Si después caduca, ninguna actuación, anterior o posterior a la retroacción, interrumpe la prescripción, ni siquiera la propia resolución que ordenó la retroacción (TEAC, resolución de 23-1-2026, RG 6291/2024, que reitera la de 30-5-2024, RG 2283/2022).
No debe confundirse la retroacción con el llamado doble tiro de Hacienda, que se produce cuando la liquidación se anula por motivos de fondo y la Administración dicta una nueva.
¿Cómo puedo saber en qué fase está mi procedimiento?
Las propias notificaciones que recibe el contribuyente indican en qué fase del procedimiento se encuentra y permiten prever cuánto tiempo necesitará razonablemente Hacienda para terminarlo.
En cualquier caso, es una información que puede solicitarse a Hacienda sin problema alguno.
Derechos del contribuyente
Uno de los «derechos del contribuyente» que recoge la Ley General Tributaria en su artículo 34.1.e) es el «Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.»
Se trata, por tanto, de una información que el contribuyente tiene pleno derecho a obtener de la Administración tributaria que tramita el procedimiento.
Además, el art. 102.6 RGAT reconoce expresamente el derecho a conocer el estado del cómputo del plazo de duración y la existencia de periodos de interrupción justificada, dilaciones, suspensiones o extensiones, «con indicación de las fechas de inicio y fin de cada periodo, siempre que lo solicite expresamente». Conviene, eso sí, usar este derecho con prudencia (véase el último apartado de esta guía).
¿Cómo solicitar información?
La información puede solicitarse al propio órgano que tramita el procedimiento, siempre que la solicitud la plantee el contribuyente o su representante debidamente acreditado y autorizado.
Al tratarse de información reservada, no es posible obtener datos sobre el estado de los procedimientos de un contribuyente cuando no se es ni el interesado ni su representante.
Cómo defenderse paso a paso
1. Fije el día de inicio real. Busque en el expediente la primera actuación con trascendencia externa: solicitudes de valoración, peticiones de informes a otras Administraciones o requerimientos previos. No dé por buena sin más la fecha del «acuerdo de inicio».
2. Determine el plazo aplicable: seis meses en gestión, sancionador y responsabilidad; tres meses en el control de presentación de autoliquidaciones; dieciocho o veintisiete meses en inspección.
3. Revise cada dilación e interrupción que se le imputa: si está documentada y motivada, si tiene fecha de cierre y si el periodo está bien calculado en días naturales. Desconfíe de las motivaciones genéricas.
4. Analice el primer intento de notificación de la resolución: fecha, lugar, resultado, coherencia con otros intentos, identificación del acto y, si es electrónico, si el contribuyente estaba obligado o acogido a las notificaciones electrónicas.
5. Calcule la prescripción (cuatro años desde el día siguiente al fin del plazo voluntario de declaración, art. 66.a y 67 LGT), sin tener en cuenta ninguna actuación del procedimiento caducado.
6. Compruebe si hubo procedimientos anteriores sobre el mismo impuesto y periodo cuya caducidad no se declarara expresamente (STS 765/2025 y 1348/2025).
7. Elija el momento: en el sancionador, alegue la caducidad desde el principio; en gestión y responsabilidad, valore reservarla para la demanda del recurso contencioso-administrativo si en vía administrativa a Hacienda todavía le queda plazo de prescripción. En la reclamación económico-administrativa pueden plantearse los demás motivos.
Ejemplo práctico
Un contribuyente presentó su IRPF de 2021 dentro de plazo, que terminó el 30 de junio de 2022. Hacienda le notifica el 10 de marzo de 2025 el inicio de una comprobación limitada. El contribuyente pide una ampliación del plazo para atender el requerimiento y se le conceden 10 días adicionales. La liquidación provisional se intenta notificar por primera vez el 2 de octubre de 2025.
Plazo de seis meses: del 10-3-2025 al 10-9-2025.
Más 10 días de dilación por la ampliación concedida (art. 104.c RGAT): el plazo vence el 20-9-2025.
Primer intento de notificación el 2-10-2025: el procedimiento ha caducado.
¿Qué conviene hacer? Si el contribuyente alega la caducidad en un recurso de reposición a finales de 2025, Hacienda la declarará y, como el derecho a liquidar el IRPF de 2021 no prescribe hasta julio de 2026, podrá iniciar un nuevo procedimiento aprovechando la documentación ya obtenida (art. 104.5 LGT). Si, en cambio, recurre la liquidación por otros motivos ante el TEAR y reserva la caducidad para la demanda contencioso-administrativa, cuando el juez la aprecie el derecho a liquidar ya habrá prescrito. Nada de lo actuado, ni los recursos presentados, habrá interrumpido la prescripción. El resultado es la anulación definitiva de la liquidación.
(Ejemplo simplificado. En cada caso hay que revisar las fechas exactas, las dilaciones imputadas y la validez de cada intento de notificación.)
Casos reales del despacho
Enfermedad grave y dilación sin motivación (TSJ de Baleares, 2026): Hacienda no puede alargar un procedimiento por la enfermedad grave del contribuyente.
Intento electrónico a quien recibe en papel (TSJ de la Comunidad Valenciana, 2025): ¿Es válido el intento de notificación electrónica a quien recibe en papel?.
Comprobación de valores dentro de una comprobación limitada (TSJ de Andalucía, 2024): duración máxima de la comprobación limitada con comprobación de valores.
Retroacción fuera de plazo (TSJ de la Comunidad Valenciana, 2023): superación del plazo máximo tras la retroacción.
Intentos de notificación incoherentes (TEAR de Madrid, 2023): intentos de notificación defectuosos no evitan la caducidad.
Caducidad alegada por primera vez en vía judicial (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Valencia, 2023): la caducidad puede alegarse directamente en la vía judicial.
La importancia de conocer los plazos
En definitiva, para tener éxito en un recurso es fundamental conocer los plazos de duración de los procedimientos, las consecuencias de superarlos y cómo plantear una defensa adecuada en esa situación.
Por ello conviene actuar bien asesorado durante estos procedimientos, pensando también en el futuro recurso que se presente cuando la Administración dicte la resolución que les ponga fin.
¿Qué hacer si Hacienda se retrasa a la hora de dictar resolución y poner fin al procedimiento?
Por último, el retraso de Hacienda en resolver nunca perjudica al contribuyente. Al contrario, le abre oportunidades de defensa frente al acto que finalmente se dicte.
Por ello, bajo ningún concepto hay que advertir al órgano que tramita la comprobación de que la duración máxima ya se ha superado o está próxima a superarse. Si se comete esa torpeza, Hacienda aceptará sin duda el regalo, declarará la caducidad del procedimiento tributario cuando corresponda y volverá a empezar de cero.
Lo mismo cabe decir de las solicitudes de información sobre el cómputo del plazo (art. 102.6 RGAT) y de la apertura de notificaciones electrónicas cuando el plazo está a punto de vencer: antes de hacer nada, conviene que el asesor revise el expediente.
Se trata, como se ha indicado, de un argumento que conviene reservar para el recurso y para el momento procesal oportuno. Preferiblemente, para cuando hayan pasado más de cuatro años desde que terminó el plazo del contribuyente para autoliquidar el impuesto, de modo que a la caducidad alegada pueda sumarse también la declaración de prescripción tributaria.
Si se encuentra en esta situación, en Salcedo Tax Litigation & Legal Advising analizamos el expediente, calculamos los plazos y diseñamos la estrategia de reclamaciones y recursos más adecuada. Puede escribirnos a través de la página de contacto.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura como máximo una comprobación limitada de Hacienda?
Seis meses desde la notificación del inicio (art. 104.1 LGT). Se descuentan las dilaciones no imputables a la Administración y los periodos de interrupción justificada (arts. 103 y 104 RGAT). En las comprobaciones de valores, el inicio puede situarse en la solicitud del dictamen pericial (STS 363/2024).
¿Qué pasa si Hacienda notifica la liquidación después de los seis meses?
El procedimiento de gestión caduca y la liquidación es anulable. Las actuaciones del procedimiento caducado no interrumpen la prescripción, aunque los documentos obtenidos pueden utilizarse en un procedimiento posterior (art. 104.5 LGT). Si ya ha transcurrido el plazo de prescripción, Hacienda no podrá volver a liquidar.
¿Basta con que Hacienda intente notificar dentro del plazo?
Sí, basta un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución (art. 104.2 LGT), siempre que sea válido: practicado en lugar adecuado, coherente e identificando el acto. La puesta a disposición electrónica solo cuenta si el contribuyente está obligado a recibir notificaciones electrónicas o se ha acogido a ellas. El Supremo decidirá si basta un intento o hacen falta dos (ATS de 30-9-2026, rec. 407/2026).
¿Caduca el procedimiento de inspección si dura más de 18 meses?
No. Continúa, pero las actuaciones realizadas durante el plazo no interrumpen la prescripción, los ingresos realizados hasta la primera actuación posterior se consideran espontáneos y no se devengan intereses de demora desde el incumplimiento (art. 150.6 LGT).
¿Puedo alegar la caducidad por primera vez en el recurso contencioso-administrativo?
Sí. Es un motivo nuevo, no una pretensión nueva, y lo ampara el art. 56.1 LJCA (STSJ de Andalucía 764/2026; STSJ de Castilla-La Mancha 469/2025). Suele ser la estrategia más eficaz en los procedimientos de gestión.
¿Agosto cuenta en el plazo de duración del procedimiento?
Sí. Agosto solo es inhábil para los plazos judiciales; en los procedimientos tributarios el plazo de duración corre con normalidad. Los «días de cortesía» de la DEH sí se consideran dilación no imputable a la Administración (art. 104.h RGAT).








