Ser socio de una empresa a la que Hacienda ha sancionado no te convierte automáticamente en responsable de pagar sus deudas tributaris. Así lo acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, en una sentencia que anula la derivación de responsabilidad al socio de una sociedad familiar conforma al artículo 42.1.a, Ley General Tributaria (LGT). Ello, al considerar que la Agencia Tributaria no probó que hubiera participado de forma activa en las infracciones cometidas por la empresa.
El caso lo hemos defendido desde nuestro despacho, y es un buen ejemplo de algo que vemos con frecuencia: Hacienda declara responsable solidario a un socio apoyándose en indicios débiles (el parentesco con el administrador, la titularidad de una cuenta bancaria, el porcentaje de participación) sin acreditar realmente que ese socio hizo algo concreto para causar o colaborar en la infracción.
Qué es la derivación de responsabilidad al socio y cuándo puede aplicarla Hacienda
El artículo 42.1.a de la LGT permite a la AEAT declarar responsables solidarios de una deuda tributaria a quienes sean «causantes o colaboren activamente» en la comisión de una infracción tributaria por parte de otra persona o entidad. Esa responsabilidad se extiende también a las sanciones.
Para que esta derivación de responsabilidad al socio sea válida no basta con que exista una infracción de la sociedad. Hacienda debe demostrar, además, que el socio tuvo un papel activo en que esa infracción se cometiera. No es suficiente con ser socio, ni siquiera con conocer lo que ocurría en la empresa. El Tribunal Supremo lleva décadas recordando que este tipo de responsabilidad tiene naturaleza sancionadora, así que le son exigibles las mismas garantías que a cualquier sanción: presunción de inocencia, prueba de la culpabilidad y prohibición de deducir la responsabilidad de meras sospechas o vínculos familiares.
El caso: un socio sin funciones de administración, declarado responsable de las deudas de su empresa
Nuestro cliente era socio, con una participación del 49%, de una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles para eventos. El 51% restante, y el cargo de administrador, correspondían a su hermano. Nuestro cliente nunca ejerció labores de gestión ni tenía poder de decisión en la sociedad, aunque sí figuraba como autorizado en sus cuentas bancarias.
Tras una inspección, la sociedad fue sancionada por dejar de ingresar parte del IVA y del Impuesto sobre Sociedades, al no declarar la totalidad de los ingresos obtenidos. Parte de esos ingresos se habían cobrado en cuentas bancarias de los propios socios, en lugar de en las cuentas de la empresa.
A partir de ahí, Hacienda decidió derivar a nuestro cliente, como responsable solidario, el pago de la deuda y las sanciones de la sociedad, por un importe superior a 67.000 euros.
Los indicios en que se apoyó Hacienda para justificar la derivación de responsabilidad al socio
El acuerdo de derivación se sustentaba, básicamente, en cuatro elementos: el vínculo familiar con el administrador, la condición de autorizado en las cuentas de la empresa, el cobro de algunos ingresos de la actividad en cuentas propias, y el hecho de que la sociedad pagara sus cuotas de autónomo y su seguro médico.
De estos hechos, Hacienda deducía que nuestro cliente tenía conocimiento de la actividad, capacidad de decisión y que había colaborado conscientemente en ocultar ingresos a la Administración. El TEAR de Valencia confirmó ese razonamiento sin apenas añadir nada propio, remitiéndose a lo ya expuesto por la Inspección.
En la demanda planteamos que estos indicios no cumplían los requisitos que la jurisprudencia exige a la prueba indiciaria: estar acreditados por prueba directa, ser plurales y concordantes, y permitir una conclusión inmediata sin necesidad de varias deducciones encadenadas. Ni el parentesco ni la condición de socio minoritario, sin funciones de gestión, demostraban que nuestro cliente hubiera hecho algo concreto para que la sociedad ocultara ingresos.
Por qué el TSJ de Valencia anula la derivación de responsabilidad al socio
El Tribunal da la razón a esta parte. Reconoce, en primer lugar, que estamos ante una responsabilidad de naturaleza sancionadora agravada, lo que exige a la Administración un esfuerzo probatorio mayor que el que había realizado.
Sobre el vínculo familiar y la participación social, la Sala señala que de ahí no puede deducirse, sin más, que el socio tuviera capacidad de decisión ni que participara activamente en la gestión. Admitir lo contrario, dice la sentencia, supondría una aplicación extensiva del régimen de responsabilidad solidaria incompatible con el principio de responsabilidad personal.
Respecto a los ingresos percibidos en las cuentas del socio, el TSJ constata algo que Hacienda había pasado por alto: buena parte de esos ingresos sí se habían declarado y tributado, lo que desmonta la idea de que existiera una ocultación sistemática planeada por nuestro cliente. Y en cuanto a los pagos de cuotas de autónomo o del seguro médico, el Tribunal los considera hechos aislados y de interpretación ambigua, insuficientes para acreditar una actuación dolosa.
La conclusión de la Sala es que la Administración construyó la responsabilidad a partir de la apariencia de proximidad con la sociedad, sin individualizar ninguna conducta concreta de colaboración activa en la infracción. Por eso, al no haberse destruido la presunción de inocencia del socio, el acuerdo de derivación de responsabilidad incurre en un motivo de nulidad.
Qué significa esta sentencia para otros socios en situación similar
Esta sentencia confirma un criterio que conviene tener presente si eres socio de una empresa que ha sido objeto de una inspección o de un expediente sancionador. Ni el parentesco con el administrador, ni la titularidad de una cuenta autorizada, ni recibir puntualmente algún ingreso de la actividad social son, por sí solos, motivo suficiente para que Hacienda te declare responsable solidario de sus deudas.
La derivación de responsabilidad al socio exige algo más. Es decir, que la Administración pruebe, con hechos concretos y no con presunciones genéricas, que ese socio causó o colaboró activamente en la infracción. Y esa prueba le corresponde a Hacienda, no al contribuyente.
Si has recibido una derivación de responsabilidad, ya sea por el artículo 42.1.a de la LGT o por cualquier otro supuesto (administradores, sucesores de actividad, adquirentes de bienes afectos), es fundamental analizar con detalle si la Administración ha acreditado realmente los requisitos exigidos, o si, como en este caso, se ha limitado a construir una apariencia de responsabilidad sin prueba suficiente.
En Salcedo Tax Litigation somos especialistas en la defensa frente a este tipo de expedientes. Si estás en esta situación, ponte en contacto con nuestro despacho y analizaremos tu caso.
